YO DEBATO, TÚ DEBATES, ÉL DEBATE…

Y podríamos seguir adelante hasta conjugar todo el verbo. Hemos llegado a tal punto de enajenación que nada queda fuera de DEBATE. Esta exageración puesta de manifiesto hoy día nos permite ver el bosque pero no así el árbol que tenemos delante nuestro. En estos precisos momentos el Congreso de la Nación está discutiendo la legalidad o legitimidad de la resolución 125, ya conocida por todos.

Se trata de demostrar si la medida es constitucional y si es confiscatoria o no, lo cual resulta a simple vista correcto. Sin embargo no creo que ese sea el camino a elegir. Después que el sector ruralista y el gobierno ensayaran varias reuniones frustradas, el Ejecutivo dispuso en forma unilateral corregir en parte la resolución cuestionada, ofreciendo compensaciones a los pequeños y medianos productores a quienes se les reintegraría el aumento de la alícuota determinada en un principio.

Frente a esta nueva medida no es necesario ser un experto para darse cuenta que el Ejecutivo estaba reconociendo haber cometido un error y trataba de enmendarlo.

A mi entender aquí es donde debemos detenernos para analizar la manera o el modo con que el Gobierno pretende corregir la equivocación, para lo cual recurriré a un ejemplo: Imagínese yendo a comprar el pan al comercio donde habitualmente lo hace, pero que hoy se encuentra con la desagradable sorpresa que el producto que ayer costaba cinco pesos el kg., el dueño del local le dice que subió de precio y a partir de hoy deberá pagar diez pesos.

Siga imaginándose que UD. reaccionara indignada y expresara su disconformidad a la vez que reclama una explicación que justifique el aumento. El panadero ensaya distintos argumentos pero ninguno logró convencerla, por último, después de discutir el tema sin haber logrado persuadirla, su proveedor le sugiere una solución a fin de conformarla; le dice que la diferencia de precio que hoy le cobra, se la devolverá finalizada la tarde y así sucesivamente.

En una palabra lo que le cobra de más, se lo devolverá más tarde.

Yo pregunto: ¿de ocurrirle una cosa así, UD. qué pensaría de su proveedor? Sin pretender adelantar conclusiones, lo más probable será que UD. piense que a esta persona se le aflojó la chaveta. Y más allá de aceptar o rechazar la propuesta, UD. seguirá pensando lo mismo: esta solución que me ofrecen no es coherente. Por lo tanto, agrego yo, es “IRRACIONAL”.

Pues bien, este asunto puesto en este contexto no le preocupará demasiado, porque UD. puede ir a comprar a otro lado en donde le cobren el precio justo y se acabó. Pero mi querido amigo cuando este tipo de solución la ofrece uno de los tres poderes de la Nación, en este caso el Ejecutivo; la cosa cambia sustancialmente.

Veamos a continuación la diferencia: el Gobierno resuelve aumentar la alícuota de las retenciones; resolver no es lo mismo que proponer (primera diferencia). Ante la resistencia de los Ruralistas, da marcha atrás y resuelve otra medida a modo de compensación prometiendo reintegrar la diferencia de lo retenido. El productor en este caso está obligado a aceptar la medida porque no tiene otra salida, en el caso anterior podía recurrir a otro negocio, la diferencia está en que el EJECUTIVO es uno solo.

Por último, el contactarse con personas que muestran conductas incoherentes o confusas no asombra a nadie dado que no implican ningún peligro. Sin embargo cuando esto mismo proviene de un Poder Político como en este caso del EJECUTIVO NACIONAL, esto sí que es grave dado el grado de responsabilidad que esta institución tiene y que afecta directamente al resto de los ciudadanos de un país.

Así es que si los miembros del Ejecutivo toman medidas IRRACIONALES, y pese a ser advertidos, las pretenden sostener en el tiempo con la sola excusa de que fueron elegidos por la mayoría electoral, podemos afirmar que vamos entrando en el terreno del absurdo.

Por último, será prudente recordar que la salud mental de las personas se mide entre otras cosas por su CAPACIDAD DE REPARACIÓN.

Esto significa que cuenten con la posibilidad saludable de sentir culpa o tener conciencia de responsabilidad respecto de sus acciones.

A cuento de lo que está sucediendo en este caso en particular además de otras que lo preceden estas condiciones se hallan ausentes, en los funcionarios que conforman el Ejecutivo, por lo tanto, más allá que las medidas que se pretenden imponer en la Resolución 125 y la posterior corrección de la misma, no son ni más ni menos que un acto de IRRACIONALIDAD inaceptable proveniente de un Poder Público que forma parte de un GOBIERNO cuya responsabilidad es la de administrar los bienes públicos de una Nación.

Volviendo al ejemplo del panadero, a nadie se le ocurriría proponer debate alguno al respecto. Un ABSURDO es lisa y llanamente un hecho IRRACIONAL. Todo aquello que rodea el ABSURDO pasa a ser accesorio.

¿Qué opinión le merece un Gobierno que defiende a rajatabla disposiciones IRRACIONALES?

En todo caso para que le resulte más fácil la cosa, sólo tiene que recordar cuántas veces se escuchó diciendo ¿SE CREERÁN QUE SOMOS ESTÚPIDOS?

EL ANALISTA
el.analista1@yahoo.com.ar

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